De lo expuesto, puede inferirse que esta integración energética promovida entre Argentina y Chile tiene como objetivo crear un escenario de beneficio mutuo, que en el caso chileno permitiría, por una parte, destrabar la mayor complicación que encuentra el proyecto HidroAysén, cual es el trazado que debe tener el tendido de alta tensión para el transporte de la energía que genere para su posterior utilización en el país, y por otra, el acceso a combustibles fósiles provenientes del otro lado de la cordillera, los cuales Chile necesita y que no posee de manera propia, aspecto extremadamente relevante para el país, considerando que su autarquía energética en cuanto a esas fuentes es prácticamente nula.
Pese a que lo anterior supondría un gran beneficio para Chile, si se considera la posibilidad de una integración energética con Argentina, se deberá analizar una gran cantidad de variables clave para el éxito de esta iniciativa. La primera de ellas guarda relación con que ambos países, desde un principio, sinceren su situación y posiciones en dos dimensiones trascendentales: por una parte requiere que cada nación explicite tanto las proyecciones de crecimiento de su población como la evolución de sus sectores económicos, principalmente en lo que respecta a su correspondiente necesidad de consumo energético y nivel de emisiones deseado; mientras que por otra es necesario sincerar la evolución del sector energético de cada país, principalmente en lo que a disponibilidad de fuentes primarias y secundarias de energía se refiere, y a las planificaciones indicativas de mediano y largo plazo para la instalación de nuevas plantas de refinería y de generación eléctrica, lo que supone, de manera implícita, la definición de políticas energéticas. Poniendo estas dos cartas en la mesa se podría determinar, tempranamente, el escenario económico y energético en que se desarrollaría la integración, permitiendo proyectar el nivel de respaldo que el país vecino puede otorgar en cuanto a provisión de energéticos se refiere. En este mismo marco, es necesario plantear qué se pretende en términos de “imagen país”, dado que, por ejemplo, en el caso que esta integración evolucione en el tiempo, Chile podría comprar energía eléctrica a Argentina, la que podría provenir, entre otras fuentes, de las centrales nucleoeléctricas de la nación trasandina; sin embargo, el problema de la gestión de desechos nucleares sería delegado sólo a este último país, lo que podría verse como injusto si Chile solo se beneficia de esa tecnología y no de sus consecuencias asociadas, como es el tratamiento de desechos radiactivos.
Complementario a lo anterior, es necesario determinar qué tipo de integración se desea realizar en principio, y hacia dónde se debiera evolucionar, definiendo si se referirá solo a una mera interconexión que integración de mercados energéticos propiamente tal. Esta distinción es crítica, dado que en el primer caso se requerirá de la realización de inversiones tendientes al intercambio de los energéticos y de contratos que regulen la provisión de esas fuentes, lo que si bien es cierto posee sus propias complejidades, permite mantener diferenciación de precios de energéticos entre países, lo que representa una variable menos a considerar en el análisis. Sin embargo, si se opta por una integración de mercados energéticos el tema es mucho más complejo, dado que ello requiere un acabado análisis en cuanto a la convergencia de precios. Esto se debe a que la estructura tarifaria energética de cada país depende tanto de variables económicas como de la estructura regulatoria en el sector eléctrico o de combustibles fósiles, las que pueden variar considerablemente entre una realidad y otra, haciendo muy difícil una integración de mercados propiamente tal. Por ejemplo, en el caso de que se realice una interconexión radial sin integración de mercados, se debería aplicar una discriminación de precios de tercer grado, pues de lo contrario Argentina, como país exportador en el caso de hidrocarburos, experimentaría incrementos de precios en sus mercados domésticos por cuenta de las exportaciones que realice a Chile. Como un ejemplo de ello se destaca la diferencia de precios que existe en el caso de la electricidad, que en nuestro país, para un consumo de 150 kilowatt/hora (KWh), cuesta US$ 180 por megawatt/hora (MWh), mientras que ese mismo consumo es 66% más barato en Argentina (considerando un promedio de tres zonas urbanas) (ii).
Otro aspecto a considerar es que el comercio internacional de energía que se efectúa a través de redes implica pérdida de autonomía para los países importadores. Esta situación es vivida por Chile a diario, ya que no posee fuentes fósiles en cantidad suficiente para cubrir sus crecientes necesidades, debiendo comprar a otros países los energéticos de este tipo que utiliza. Así, el país tuvo que importar el año 2010 cerca del 98% de petróleo, 65% de carbón y 94% de gas natural para poder satisfacer su demanda (iii). En el caso de la relación chileno-argentina para la adquisición de gas natural al país trasandino vía gasoductos, la historia es conocida, y a la fecha aún no está del todo claro si la crisis del gas al otro lado de la cordillera se debió realmente a problemas de transporte, de reservas o de capacidad productiva para satisfacción de su demanda interna (o de una combinación de ellos). Las consecuencias de esta crisis se tradujeron en un aumento considerable de los precios de la electricidad en Chile, escenario que no se había previsto en las proyecciones del país en cuanto a su impacto en la economía y la productividad. Este elemento es un aspecto extremadamente relevante, toda vez que los intercambios energéticos afectan los sectores de oferta de los países importadores y amplían el mercado objetivo de los países exportadores. Así, el aumento en el precio de la electricidad, utilizada como insumo productivo, implica un aumento en el costo en la elaboración de productos finales y en el correspondiente precio de venta al consumidor, lo que incide en la pérdida de competitividad. Por tanto, es necesario que las proyecciones económicas del país incorporen la variable de disponibilidad energética provista por Argentina en lo que se refiere a un cambio en la disponibilidad y precios del gas, y su impacto en el precio de la electricidad. De esta forma, si el impacto es significativo, se debe considerar la existencia de todos los costos ocultos (“stranded cost”) que pudiesen generarse para el país producto de la indisponibilidad de gas, tal como ocurrió anteriormente, y generar escenarios económicos futuros que resulten de esta situación para minimizar todos los impactos negativos que pudiesen generarse.
En relación con lo anterior, es necesario recalcar que el comercio internacional de energéticos impacta a la política energética de un país, en la medida en que dicho comercio debe ser incorporado en la base del planeamiento energético. En Chile, como bien se sabe, la planeación en materia energética por parte del Estado es más bien del tipo indicativo, y las decisiones finales sobre la cantidad, tamaño y tipo de plantas de generación eléctrica se dejan en manos de inversionistas privados, quienes solo deben cumplir con la normativa vigente para la aprobación de sus proyectos. Sin embargo, y debido a la contingencia y relevancia que ha tomado la discusión de una matriz energética para Chile en el último tiempo, es posible encontrar variados artículos y columnas de opinión escritas por algunos expertos en la materia, quienes proponen, entre otras cosas, un camino hacia la independencia energética de Chile y la integración con otros países Latinoamericanos en la materia. Sin embargo, perseguir esos dos objetivos a la vez es una contradicción, toda vez que el planeamiento autárquico es incompatible con políticas serias de integración, ya que la existencia de problemas en el país de donde provienen los energéticos hace que el país importador se vuelva energéticamente vulnerable, tanto en aspectos de disponibilidad de recursos como de los precios, lo que impacta a la economía nacional.
Se debe relevar el hecho de que la integración energética efectiva (más allá de los simples enlaces internacionales) no es posible sin que previamente se produzca una integración económica robusta, lo que involucra dos aspectos: el primero de ellos guarda relación con un aumento considerable en los volúmenes de intercambio económico que se generen entre ambos países en materia de importación e importación de bienes y servicios, desde y hacia estas dos naciones, ya que ello permite tanto Chile como Argentina vinculen el intercambio de energéticos con los aspectos productivos y de competitividad, propios y del país con el que se establece el acuerdo, lo que podría inducir a un juego de beneficio mutuo. Es decir, se produciría una situación en que los actores podrían razonar de esta forma: “si yo aseguro la provisión de energía a mi vecino, y esto hace que bajen sus costos productivos, los precios de sus bienes y servicios serán más baratos, y por lo tanto podré beneficiarme al adquirirlos”. El segundo aspecto a considerar es el de la integración de los mercados energéticos de cada país, pero solo a escala de subsectores, lo cual implica, entre otras cosas y tal como lo indican diferentes documentos de trabajo del MERCOSUR (iv), abrir la competencia en el mercado de generación, regularizar las transacciones que realicen los agentes de mercado reconocidos de los distintos países, garantizar la reciprocidad y la no discriminación de la demanda u oferta que provenga de un país u otro, establecer los mecanismos necesarios que aseguren la fluidez necesaria para el tránsito, transporte y distribución de la energía entre Chile y Argentina, consensuar la institucionalidad necesaria tanto para la coordinación de despachos como para la prospectiva de la red de transmisión regional y la resolución de las controversias entre los agentes o Estados, perfeccionar las herramientas para la defensa de la competencia en ambos países, y garantizar el acceso a la información relevante para el funcionamiento del mercado.
Por tanto, para poder lograr las condiciones descritas anteriormente, es necesario que la interconexión energética que definan ambos países esté resguardada mediante convenios binacionales, claros y muy bien estructurados, que permitan un adecuado equilibrio y consenso en aspectos tributarios tales como una eventual doble tributación, y la preponderancia del principio de residencia (pago de rentas en lugar de residencia del contribuyente) y/o del principio de la fuente de los ingresos (tributación de todas las rentas con origen en un territorio). Asimismo, dichos acuerdos deben abordar variables que impactan posibles acuerdos comerciales tales como el riesgo de expropiación o de incumplimiento en pagos, los cambios en legislaciones originadas por políticas nacionales, la contratación nacional de mano de obra y apoyo logístico, y la importación temporal de equipos.
Los aspectos laborales derivados de esta integración energética también deben ser considerados y muy bien acordados por ambos países, especialmente en lo referido al otorgamiento de visas y permisos de trabajo (flexibilizando los requisitos de trámite y vigencia de éstos), los aspectos de seguridad social (en relación a las diferencias normativas entre países), y la flexibilización en cuanto a las exigencias y trámites complicados para la homologación de títulos profesionales.
Asimismo, los aspectos jurídicos de esta iniciativa también han de ser contemplados, especialmente en lo referido a las exigencias para conformación de empresas y la eventual participación nacional en capital, la eventual exigencia de participación de directores nacionales en empresas extranjeras en materia energética, y la delimitación a la presencia comercial de las empresas en territorios o sectores industriales vedados.
Ahora bien, pese a que todo lo expuesto anteriormente podría constituir una guía generalizada de elementos a considerar para la integración energética entre ambos países, habría que preguntar a los ejecutivos de HidroAysén su opinión respecto a la posibilidad de que el trazado de dicho proyecto pase por territorio Argentino, habida consideración de que el riesgo país de la nación trasandina es de 34%, en tanto este mismo indicador para Chile sólo alcanza un 4,3% (v,vi).
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Notas:
(i) Nota publicada por el Ministerio de Energía, en http://www.minenergia.cl/ministerio/noticias/generales/gobiernos-de-chile-y-argentina-acuerdan.html
(ii) “Hogares chilenos pagan segunda tarifa eléctrica más cara del Cono Sur”. (2011, Junio 5). Diario La Tercera, Cuerpo de Negocios, pp. 8 y 9.
(iii) 2010 Informe de Estadísticas Energéticas [Quito]: Organización Latinoamericana de Energía, 2011.
(iv) Los documentos a los que se hace referencia corresponden a MERCOSUR/CMC/DEC Nº 10/99, “Memorándum de Entendimiento Relativo a Los Intercambios Gasíferos e Integración Gasífera entre los Estados Partes del Mercosur” y MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 10/98 “Memorándum de Entendimiento Relativo a los Intercambios Eléctricos e Integración Eléctrica en el Mercosur”.
(v) El riesgo país expresado en estos términos se vincula con la probabilidad de que el país evaluado caiga en default.
(vi) “Chile se ubica entre los 10 países con menor riesgo país”. (2011, abril 8). Diario La Tercera, Cuerpo de Negocios, p. 28
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